viernes, 16 de agosto de 2013

Corrupción vs Democracia


Una de cada dos personas cree que la corrupción se ha agravado en los dos últimos años, según la mayor encuesta de opinión pública sobre corrupción realizada por Transparency International.

El Barómetro Global de la Corrupción 2013 se basa en una encuesta realizada a 114.000 personas en 107 países y muestra que la corrupción es un fenómeno extendido, aunque un importante número de personas encuestadas creen que tienen la capacidad de detener la corrupción y están dispuestas a combatir el abuso de poder, los acuerdos secretos y el soborno.

Estos últimos días hemos conocido el caso Navalny, en Rusia: su proceso judicial pone en tela de juicio la independencia del poder judicial y muestra las dificultades que soportan los ciudadanos rusos que  formulan críticas  a las autoridades. Navalny es un  crítico del gobierno ruso, y líder de una organización no gubernamental de lucha contra la corrupción; ha manifestado su intención presentar su candidatura a la alcaldía de Moscú.
Navalny fue juzgado por un delito civil y la sentencia no es proporcional al hecho punible, si comparamos con otras sentencias de casos similares: fue condenado por malversación de 500.000 dólares  y se le condena a cinco años de prisión, inhabilitación y una multa, mientras que una semana antes, el funcionario de Moscú Joseph Reyhanov  fue condenado a cinco años por malversación de 9,6 millones de dólares.La comparación de la sentencia con las de otros  casos similares permite ver que hay problemas en el funcionamiento del Estado de derecho.

El Barómetro Global de la Corrupción 2013 también pone de manifiesto que en muchos países las personas no tienen confianza en las instituciones encargadas de combatir la corrupción y otros delitos, muestra que existe una crisis de confianza en la política y en las instituciones responsables de llevar a los delincuentes ante la justicia. El 55 por ciento de los encuestados creen que el gobierno responde a intereses particulares.

El poder judicial es uno de los pilares básicos de los Estados,  y su autonomía e integridad son necesarias para el mantenimiento del Estado de derecho. La Justicia debe garantizar la igualdad de todos, lo que otorgará credibilidad  al funcionamiento de las administraciones e instituciones democráticas. Sólo existe Justicia  si todos somos iguales ante la ley y recibimos un juicio justo; en caso contrario, estaremos ante un sistema judicial ignorante, incluso infractor de los principios del derecho. Un sistema de justicia comprometida, utilizado con fines parciales, corporativistas o políticos, socava la sostenibilidad del Estado de derecho y disminuye la capacidad del Gobierno para favorecer el bienestar de la sociedad, desarrollar políticas sociales democráticas  y combatir la corrupción y resto de delitos.

En nuestro país, un ejemplo de doble vara de medir: la Fiscalía anticorrupción considera que la señora Urdangarín no sabía lo que firmaba y pide que no sea imputada, mientras que la misma fiscalía no ve engaño en la venta de las preferentes y considera que ancianos de 70 y 80 años, sin apenas formación, sabían perfectamente lo que firmaban.
Los políticos deben actuar para tratar de recuperar la confianza ciudadana, por ejemplo difundiendo sus declaraciones patrimoniales y las de sus familiares cercanos. Por su parte, los partidos políticos y los candidatos deben dar a conocer dónde obtienen sus fondos para que no haya dudas respecto de quiénes los financian y se puedan identificar intereses incompatibles.

El Barómetro Global de la Corrupción 2013 refleja que en 20 países el sistema judicial es la institución considerada más corrupta por los encuestados. A este tenor, es preocupante últimamente leer alguna que otra sentencia de nuestros tribunales, en cuyos fundamentos se copia y pega el contenido de decretos y otras disposiciones gubernativas, introduciendo de manera alarmante sesgos políticos  en la función judicial.

“Los gobiernos deben asegurarse de que haya instituciones sólidas, independientes y con recursos suficientes para prevenir y remediar la corrupción. Cuando el flagelo de la corrupción erosiona a las instituciones centrales y servicios básicos, demasiadas personas sufren las consecuencias”, según Transparency International.



martes, 6 de agosto de 2013

¿Es machista la crisis?



Después del asesinato de una mujer de 69 años por su marido el pasado día 4 de agosto en Villafranca de los Barros, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura acordó que “Extremadura seguirá atendiendo a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de Género, y será "rotunda" en la lucha contra la violencia de género, motivo por el cual se personará como acusación particular en "todos" los casos de maltrato "mortales" que se produzcan en la región”. Nuestra región se une así a este tipo de posicionamiento contra la violencia machista, iniciado anteriormente por otras cuatro comunidades autónomas: ambas Castillas, Andalucía y Galicia.
El asesinato de género de Villafranca ha sido el primero en Extremadura en  2013, pero ya van 30 muertes por violencia de genero en España en lo que va de año; el número de denuncias de violencia de género registradas en España en el primer trimestre alcanzó los 29.487 casos, según la estadística difundida el pasado 28 de junio por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial. Esta cifra implica una disminución del 5,1 por ciento respecto del cuarto trimestre de 2012, lo que no significa que hayan disminuido los casos de violencia según  la presidenta del Observatorio, sino solo los que se denuncian, lo que “nos tiene que hacer reflexionar sobre la bolsa oculta de maltrato que existe en España. Es necesario dotar de recursos humanos y medios económicos y materiales a los servicios de apoyo y asistencia a las víctimas, a pesar de la crisis económica que padecemos”. 
El estudio presentado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género está basado en los datos obtenidos de los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer existentes en toda España así como en los 355 juzgados con competencias compartidas. 
El 70,79 por ciento de las denuncias fueron presentadas por las víctimas, frente al 14,79 por ciento resultado de la intervención policial directa y el 11,26 por ciento de partes de lesiones. Como es habitual, sólo en el 1,37 por ciento de los casos fueron denunciados por familiares, mientras que las interpuestas por servicios asistenciales o terceras personas representaron el 1,79 por ciento del total. 
Nuestro sistema público cuenta desde la Ley de Igualdad en 2007 con estructura suficiente para asumir la protección de las víctimas, pero tiene que saber llegar a las víctimas y detectar las situaciones de maltrato con el fin de darles la confianza necesaria para que recurran a las instituciones; sólo así podremos evitar muertes como la de Villafranca de los Barros.
La tijera  de la crisis no ha respetado a la igualdad y las víctimas de la violencia machista: las políticas de igualdad cuentan este año con un 24% menos de presupuesto, y los recursos para luchar contra la violencia de género han bajado un 7%; un recorte que se suma al 22% de 2012 y a los que muchas comunidades autónomas están aplicando. Sin embargo, el Gobierno español ha anunciado una Estrategia Nacional, criticada por algunos gobiernos regionales por falta de fondos y concreción y porque tampoco indica como se va a llevar a cabo la coordinación con las comunidades a la hora de ponerlo en marcha.
La prometida Estrategia Nacional contra la violencia de género contiene algunas propuestas genéricas, como "mejorar la coordinación y el trabajo en red" o "mejorar la formación de todos los profesionales implicados". También la atención a otras formas de violencia, como los matrimonios forzados, la mutilación genital y la trata con fines de explotación sexual. Es en principio positiva, pero no es coherente con medidas como el proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que dejará sin competencias en servicios sociales a los ayuntamientos, y sin responsabilidades en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género. 
La labor que realizan los ayuntamientos frente a la discriminación y la violencia contra las mujeres es muy importante, especialmente en los pueblos. Por ello, desde las organizaciones feministas  y organismos como el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género alertan del riesgo de desprotección que corren las víctimas de la violencia de género con la modificación de la citada ley, pues la reforma propuesta es absolutamente ajena a las políticas de igualdad que desde 1978 han creado en España una extensa red de servicios de atención, prevención y protección, indispensables en todos los municipios, por su cercanía e influencia a las mujeres y hombres. 
Finalmente, es interesante decir que en el primer trimestre de 2013 las Audiencias Provinciales dictaron 106 sentencias de violencia de género. De ellas, 79 fueron condenatorias y 27 absolutorias.
Cabe también observar que el pronunciamiento dispar de las Audiencias Provinciales en cuanto a los casos que enjuician a través de las secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer, los delitos más graves, que suponen pena de cárcel superior a cinco años, tampoco proporcionan seguridad jurídica ni emocional a las víctimas, que en muchos casos preferirán no denunciar y encubrir el delito por no correr riesgos en caso de absolución del maltratador.
No logro entender una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Murcia, que  no aprecia violencia machista en un caso en el que el acusado cogió de los pelos a su pareja y la golpeó contra la pared.
El voto mayoritario de la sala, que preside una mujer, dictamina que no se extrae válidamente un ánimo de dominación, menosprecio o humillación de la condición de la mujer, de lo descrito sólo se infiere una acción única y secuencial: la coge del pelo y le golpea contra la pared.